Según datos del INDEC, la inflación alcanzada en 2008 fue del 7,2%, inferior a las registradas en 2006 y 2007. Sin embargo la polemica generada debido al recambio de autoridades dentro de este organismo en 2007, llegó a punto tal que los mismos técnicos del instituto denunciaron la manipulación de datos del Índice de Precios al Consumidor por parte de las nuevas autoridades nombradas por el gobierno de Néstor Kirchner. La discordia interna que se generó, creó una falta de confianza en los índices publicados, ya que consultoras privadas argentinas sostuvieron que la inflación real en 2007 fue más del doble que la publicada por el INDEC (8,5%), oscilando entre el 17% y 18% o incluso superior al 20%; además los mismos empleados del organismo en pugna con las autoridades sostuvieron que en 2007, el índice llego al 26,2%. A nivel internacional, el tema tuvo repercusión en la relación bilateral de la Argentina con los Estados Unidos y el FMI. Las causas de la actual inflación se traslucen en: el efecto indirecto de la suba de los precios de los productos argentinos exportables -básicamente, productos commodities – que repercutió en el incremento en los precios de los alimentos; el aumento de salarios que provocó una explosión en el consumo interno, más un peso devaluado -eje de la política económica implantada en los últimos años-, sumado a la suba del gasto público que potenció la demanda privada, enmarcándose esto en un crecimiento del PBI ininterrumpido de más de cinco años a tasas de casi el 9%. También hay factores estacionales como el faltante de frutas y verduras, debido a los cambios climáticos ocurridos en el invierno de 2007 (nieve en Buenos Aires). Los expertos sostienen además, que el actual modelo económico impulsa el consumo y que la inversión no llega a crecer al mismo nivel. Como país exportador de alimentos se han llevado a cabo medidas para frenar el proceso inflacionario como el aumento de impuestos a las exportaciones de productos alimenticios (retenciones móviles de acuerdo al precio internacional de las commodities que generaron una disputa creciente entre el gobierno y las organizaciones agropecuarias hasta llegar al cierre patronal) y energéticos, así como acuerdos de precios (supermercados) y subsidios en varios productos y cadenas.